La diputada Roya Torres (PLRA) tiene dos oficinas parlamentarias habilitadas en la Gobernación de Alto Paraná y en la Municipalidad de Ciudad del Este, donde colecciona operadores políticos en calidad de funcionarios. Ambos despachos fueron abiertos supuestamente para atender los pedidos y reclamos de la ciudadanía, sin embargo, eran usados para otorgarle un salario a los referentes liberales y colorados (cartistas).
Se resaltan los nombres de Óscar Adolfo Vargas Cardozo, Ángel Basilides Chaparro Villamayor y Ana Cristina González, además de la dirigente cartista Carolina Concepción Chávez Aca. Esta se desempeñó en su momento como operadora de la exdiputada y actual funcionaria de la Itaipú, Blanca Vargas de Caballero (ANR).
En el caso de González y Chávez Aca, eran comisionadas en la sede regional de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN). No obstante, fueron desvinculadas tras descubrirse en el sitio le daban protección a Elías Martín Godoy Torres, hijo de la legisladora altoparanaense.
Elías Godoy, de 19 años, ingresó sin concurso de méritos a la Cámara de Diputados con el cargo de “asesor”, percibiendo como honorario la suma de G. 9.500.000. Sin embargo, no asistía a su puesto laboral.
El mismo, cuando fue descubierto, se ubicó en la oficina de la DIBEN, aparentemente, para justificar la remuneración. Por este hecho, autoridades intervinieron dicha dependencia y destituyeron a su titular.
Otra que también posee cargo de “asesora” es Patricia Alejandra Orué Estigarribia, de 22 años, hermana de crianza de Roya Torres. Posee un salario de G. 6.500.000.
Elías Godoy fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público por los hechos punibles de estafa, cobro indebido de horarios y producción de documentos no auténticos.
