Dos ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declararon la extinción de la acción en una causa por estafa, en el que estuvo en juego un golpe de 85 millones de dólares, y en consecuencia el sobreseimiento de 11 imputados, empresarios extranjeros. Ahora, el abogado de las víctimas pretende que el enjuiciamiento de los ministros, por violar disposiciones legales.
Se trata de un expediente caratulado “Imad Issa Issa y otros s/ estafa y otros”, en el que el Ministerio Público presentó un pedido de prórroga extraordinaria fuera de plazo, conforme a la determinación de los ministros. Aparece como víctima la familia Osman, liderado por Jamal Osman, propietario de la firma Macedonia.
La Sala Penal de la máxima instancia judicial intervino en el caso, luego de que la defensa de los extranjeros apelara una decisión del Tribunal de Apelaciones de otorgar una prórroga extraordinaria a la Fiscalía, para seguir investigando el caso.
Los miembros Carolina Llanes, Luís María Benítez Riera declararon la extinción de la causa, con voto en contra del ministro Manuel Ramírez Candia, quien señaló que era inadmisible la apelación, ya que no hubo agravio, teniendo en cuenta que es la Cámara de Apelaciones la que tiene facultades de otorgar la prórroga extraordinaria y así lo hizo.
El abogado Daniel Alarcón sostuvo que los ministros no tenían competencia en realizar el sobreseimiento, ya que es facultad del Ministerio Público presentar el pedido de sobreseimiento o en todo caso la acusación. El caso debió ser enviado a la Fiscalía General del Estado para presentar el requerimiento conclusivo, en todo caso.
“Se agravió todo el diseño de carácter procedimental y se negó una competencia constitucional al Ministerio Público sobre la facultad de acusar o pedir el sobreseimiento definitivo, en su caso debió ser pedido por la Fiscalía que es titular de la acción”, afirmó el abogado Daniel Alarcón, de la familia Osman, víctima del caso.
La determinación de la Corte Suprema de Justicia dejó sin sus empresas a Jamil Osman, uno de los empresarios pioneros de Ciudad del Este, que fue despojado de un inmueble valuado en millones de dólares por un grupo de empresarios panameños y colombianos con quienes hizo una sociedad.
Osman había conformado las empresas Issos SA, Issos Greenfield Internacional y Somax Agro, con los socios extranjeros. Sin embargo, en el momento de la separación se fraguaron documentos sobre supuestas deudas que dejó fuera al empresario esteño.
Auditoría de Corte con resultado sesgado
Una auditoría realizada en la Corte responsabiliza a 4 fiscales de Ciudad del Este por la falta de acusación dentro del plazo, pidiendo que se eleve los antecedentes ante la Inspectoría del Ministerio Público, para determinar su responsabilidad. Se trata de los fiscal Claudelina Corvalán, Nilsa Torales, Fernando Galeano y Natalia Montanía.
En el caso también intervinieron los fiscales Francisco Cabrera y Luís Piñanez, de las unidades especializadas en locha contra el Lavado de Dinero y Anticorrupción, pero éstos no fueron mencionados por el auditor. Los otros fiscales afectados desmintieron el resultado y presentaron públicamente un relato cronológico de los hechos, en los que tratan de deslindar su responsabilidad en el blanqueo de los extranjeros.
La responsable preliminar del blanqueo es la ahora exfiscal general del Estado, Sandra Quiñonez y luego los fiscales que investigaron el caso, según el abogado Daniel Alarcón. “El punto culmine demoledor fue la posición de los ministros de la Sala Penal”, afirmó.
Conforme con la versión del abogado en caso de que no correspondiera la prórroga extraordinaria solicitada por la Fiscalía, la Corte debió enviar el expediente a la Fiscalía General del Estado para que este acuse o pida el sobreseimiento, si el pedido era extemporáneo. Sin embargo, resolvió el sobreseimiento, sin tener competencia.
ANTECEDENTES. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público. En la causa de referencia inicialmente tuvo Intervención la Agente Fiscal Claudelina Corvalán, por resolución F.A.A.X. Nro. 378, de fecha 27 de julio 2021, siendo recepcionada dicha causa en fecha 28 de julio de 2021.
“Peleamos casi 8 meses para imputar, hice 25 urgimientos para un allanamiento que tenía que ser de urgencia. 25 urgencias de pericias documentológicas, pericias contables. Tengo todas las constancias por fecha, nunca hicieron una prueba estructural, siempre jugaron a la dilación absoluta”, lamentó el abogado.
El abogado señaló que para pedir la prórroga tuvo que llevar un escribano y un fotógrafo a la Fiscalía. En consecuencia el fiscal Cabrera envió el pedido a su colega Nilsa Torales en el último día del plazo. Sin embargo, la defensa de los extranjeros apeló aduciendo que se presentó fuera de plazo y la Corte blanqueó a los imputados.
