Una nota remitida por Gustavo Soto, administrador de Aduanas de CDE, al gobernador del Alto Paraná, Cesar Landy Torres, revela que la institución a su cargo recibía una parte importante de los productos incautados por la Aduana, en concepto de donaciones. Por otro lado, señala que ninguna autoridad electa pidió reunión con él, excepto, el abogado Wilson Benítez, quien se enojó porque no le pudo atender. Pero, fue declarado persona no grata sobre esa base por la Junta Departamental, sin derecho a la defensa, según el documento.
Son casi 55 mil kilos de productos incautados en diferentes procedimientos desde noviembre del año pasado hasta la fecha que son donadas a favor de la Gobernación y demás organizaciones, conforme con lo señalado en la nota que tiene en su despacho el gobernador departamental. Mientras, que se desconoce cuál es el destino que le dan a estas mercaderías en la entidad estatal, ya que no se menciona ninguna distribución a las clases sociales menos pudientes.
Solo reveló que entre las gestiones que realizó durante su administración se halla la reorganización en la zona primaria con la agilización de los despachos menores, la utilización del Depósito con Cámara Refrigerada sito en el Parque Industrial Mercosur para poder preservar mejor los productos a ser donados, la gestión de los camiones de gran porte para la agilización en la pista de Turismo, entre otras.
Señala que se tuvo un superávit del 14% entre noviembre a enero, generándose un ingreso al fisco de 56.752 millones de guaraníes adicionales, comparando a otros años.
Por otro lado refiere que la petición del concejal departamental Fernando Shuster para declararlo persona no grata aduce que los miembros de la Asociación de Transporte Alternativo son sometidos a extorsiones, pedidos de coimas y son retenidos y sumariados.
Refirió que la Policía de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es tolerancia cero a los contrabandistas y que los operativos fuera de Aduanas lo realizan la Coordinadora Operativa de Investigación Aduanera, que no está bajo su jurisdicción. No obstante, pidió al gobernador que se presente denuncia formal contra los funcionaros corruptos, en estos casos.
Con relación a los sumarios administrativos, que supuestamente se dilata, según la denuncia de Torres y el abogado Wilson Benítez puntualizó que firmó 236 resoluciones para demostrar su predisposición para agilizar los trámites.
Por otro lado aclaró que la normativa obliga a retener los vehículos cuando los productos que transportan sobrepasan el valor de los 500 dólares americanos, que deben ser enviados al Departamento de Sumarios Administrativos de la Capital, hecho que es cuestionado especialmente por el abogado mencionado.
