Un grupo de mexicanos denunció que fue estafado por la firma Life Miner que operaba en Hernandarias, pero cuyos propietarios ya habrían abandonado el país. La empresa operaba bajo la modalidad de captación de inversores, pero esto se convirtió en un esquema ponzi. La firma adeuda cerca de 1 millón de dólares a la Administración Nacional de Electricidad, según la denuncia. El fiscal Adolfo Santander investiga el caso.
Los denunciados fueron identificados como Jairo Bonicontro y Paula Guidice, brasileños, por lavado de activos, estafa y promoción fraudulenta de inversiones. Estos ya habrían mudado al exterior las mineradoras, conforme a fuentes cercanas al mundo de las criptominerías.
Los afectados son José Cerda, José Huaracha, Víctor Torres Jesús Cerda Muñoz, Jesús Cerda Ahora y Edgar Núñez, quienes pretenden recuperar el capital invertido.
La pareja acusada de estafadora alquiló depósitos en el Parque Industrial Montecarlos de Hernandarias y luego comenzó a promocionar la captación de inversionistas, con seminarios y charlas informativas, invitando a los empresarios a invertir en el Paraguay. En ese local, la Administración Nacional de Electricidad le cortó el suministro de energía eléctrica, por las deudas pendientes.
La firma captó socios en Italia, Inglaterra, México, Vietnam, entre otros, siempre de acuerdo con la versión de los denunciantes. Los afectados señalaron que ya habían sido víctimas del esquema fuera del país, donde se promocionó la inversión en el Paraguay para recuperar el dinero.
Luego del inicio del negocio en el país, la firma comenzó a atrasarse en sus pagos a los socios, por supuestas alzas en el costo de la energía eléctrica o traslado a otros puntos de la granja minera, refiere la denuncia.
La empresa abrió en el año 2023 y los socios realizaban sus inversiones a través del envío de criptomonedas de precio estable o bitcoin a billeteras virtuales.
Al inicio se pagaba las comisiones a través de las diferentes promociones de captación, pero desde agosto del año pasado Life Miner dejó de pagar a sus inversionistas.
La empresa ofrecía negocios para lo cual no estaban autorizados y se apropiaron del dinero de los inversionistas, mientras les vendían la imagen de calidad y solvencia, señala la denuncia.
El caso está con el fiscal de Hernandarias, Adolfo Santander para su investigación.
