En la noche del 11 de diciembre del año pasado, el personal del Departamento de Automotores de la Policía siguió a un furgón cargado con bebidas alcohólicas y drogas que luego ingresó a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Posteriormente, los policías y el fiscal de turno, Alcides Giménez, solicitaron al entonces director Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo que autorizara el ingreso de la comitiva fiscal-policial para verificar el vehículo. Sin embargo, el director se negó rotundamente.
Ante la negativa, el fiscal Giménez, junto a su colega de antidrogas, Manuel Rojas, solicitó una orden de allanamiento. Recién en la madrugada del 12 de diciembre, los fiscales y policías intervinieron el lugar.
En esa ocasión, fueron detenidos Lombardo Cristaldo, el coordinador general de la cárcel, Francisco Javier Ramírez Torres, el guardiacárcel Héctor Fredy Mendoza Báez, el ingeniero informático Jorge Darío Mendoza Penayo y el obrero Leonardo Araujo Viera. Estos dos últimos habían ingresado a la cárcel con el furgón DFSK, de color blanco, con matrícula AABM192, repleto de bebidas alcohólicas y drogas. Los intervinientes se incautaron de drogas y bebidas alcohólicas.
El fiscal Rojas imputó a Lombardo Cristaldo y Ramírez Torres por complicidad de funcionario público para el suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión y asociación criminal.
Mientras tanto, Mendoza Báez enfrenta cargos de complicidad por el suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión, y además, por tenencia sin autorización y suministro de estupefacientes en lugares de prisión. Araujo Viera y Mendoza Penayo, a su vez, están procesados como coautores por tenencia sin autorización y suministro de estupefacientes en lugares de prisión.
La jueza de garantías nº 1, Teresita Cazal, había dictado la prisión preventiva para el exdirector de la cárcel y los otros cuatro imputados.
Asimismo, el fiscal Rojas procesó a los reclusos Ali Issa Chamas (42) y Ali Fouani (32), así como al brasileño Diego Pedro Barcik (34). Estos enfrentan cargos por tenencia, suministro y comercialización de estupefacientes sin autorización en lugares de prisión, en concurso con asociación criminal para cometer hechos punibles contra la Ley de drogas. Estos extranjeros distribuían la droga en el penal.
