La creciente preocupación expresada por la Municipalidad de Juan E. O’Leary ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre las peligrosas carreras clandestinas que se apoderan de la Ruta PY02 no debe ser ignorada. Este llamado no es simplemente un reclamo administrativo, sino un urgente grito en defensa de la seguridad y bienestar de los ciudadanos que transitan y residen en las cercanías de esta vital arteria vial, crucial para la conectividad de la región.
La Ruta PY02, principal vía de comunicación que conecta el este del país con otras ciudades, se ha convertido en un escenario de alto riesgo en horas nocturnas. Vehículos modificados, conducidos por personas que desprecian las normas de tránsito, transforman esta arteria en una pista de carreras. El peligro se extiende no solo para los conductores irresponsables, sino también para ciclistas, motociclistas, automovilistas, peatones y las familias que habitan en sus alrededores. En este contexto, el ruido ensordecedor de los motores de biciclos y la adrenalina que mueve a los involucrados en estas competencias ilegales contribuyen a crear un ambiente de temor, en el cual la posibilidad de un accidente fatal se vuelve una amenaza constante.
El pedido a las autoridades del MOPC no es un capricho, sino una solicitud urgente para intervenir antes de que el daño sea irreversible. Es imperativo que se implemente una fiscalización más estricta y que se incremente la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona. Se requieren medidas específicas y efectivas: controles vehiculares más rigurosos, instalación de dispositivos de control de velocidad y, sobre todo, una aplicación rigurosa de sanciones para aquellos que infringen la ley. De igual manera, la presencia de patrullajes nocturnos y el monitoreo de los puntos más críticos de la Ruta PY02 deben ser una prioridad para las autoridades competentes.
Lo que está en juego es mucho más que la integridad física de los ciudadanos; está en juego la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. La inacción de las autoridades ante estos hechos sería una negligencia imperdonable. Permitir que las carreras clandestinas sigan operando sin ningún tipo de regulación o intervención es tanto un riesgo para la comunidad como una señal clara de impunidad que puede alentar a más personas a seguir esta conducta temeraria en el Alto Paraná.
El paso dado por la Municipalidad de O’Leary al alzar su voz es un acto de responsabilidad y valentía en defensa de los intereses de la comunidad. No se trata solo de un llamado a la acción, sino de un recordatorio a las autoridades de que su misión primordial es garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Ahora es el turno del MOPC de responder con urgencia y eficacia, adoptando medidas que pongan fin a esta situación de riesgo.
También la Policía Nacional debe intervenir al igual que el Ministerio Público y el Poder Judicial para castigar a estos irresponsables que, en muchas ocasiones, ya tiñeron de luto la Ruta PY02 en la zona de O’Leary y otros puntos del departamento, sembrando el dolor de muchas familias. La inacción no es una opción. Permitir que estas carreras clandestinas continúen sin control alguno sería una negligencia imperdonable por parte de las autoridades.
Ahora es el turno de las instituciones gubernamentales de responder con urgencia y eficacia, adoptando medidas que pongan fin a esta situación de riesgo. La seguridad en la Ruta PY02 no es un lujo; es un derecho fundamental de todos los que dependen de esta vía para su movilidad diaria. Es hora de que las autoridades actúen de manera decidida para devolverle a la comunidad la paz y seguridad que merece.
