Un botón vale como muestra sobre el sometimiento de los administradores de Justicia a algunos poderes extrajudiciales para el cumplimiento de las leyes de la Nación.
Es el caso denunciado por Rubén Darío Díaz Gómez, quien este viernes se encadenó frente al Palacio de Justicia de Ciudad del Este, exigiendo que se haga cumplir sendas sentencias mendiante las cuales debe cobrar sus haberes a la firma Corporación Mercantil SA, cuya cabeza visible es Vicente Osvaldo Verges.
Díaz Gómez ganó en todas las instancias un juicio laboral de reintegro y cobro de salarios caídos, además de obtener en dos ocasiones el sobreseimiento definitivo en una causa penal iniciada por una denuncia por lesión de confianza, a la firma donde prestó servicio durante 20 años, conforme a su versión.
Sin embargo, cada vez que estaba por ganar los procesos en ambos fueros, los jueces se excusaban de seguir atendiendo su caso o retrotraían los procesos, como el caso de la causa penal en el que fue sometido en dos ocasiones a juicio oral y público, tras la revocación de su primer sobreseimiento.
Díaz afirmó que comenzó a tener problemas en su trabajo, cuando hizo conocer su intención de independizarse y salir de la empresa. “Me denunciaron por el robo de un cheque para mandarme a la cárcel y evitar la indemnización”, afirmó.
RESUMEN
El juicio laboral se inició en el año 2014 y terminó con una sentencia firme y ejecutoriada en el año 2017, luego de pasar por primera, segunda y tercera instancia.
La jueza Graciela Panza recibió el expediente de la Corte Suprema de Justicia y pasó a su colega Nélida Alvarenga. En este juzgado estuvo durante 3 años, y se realizó todas las diligencias para el cobro de la indemnización y salarios caídos, luego de que la firma se negara a reincorporar al ex funcionario, conforme a los antecedentes obrantes en los expedientes.
En el año 2020, la jueza Alvarenga se excusó de seguir entendiendo en el caso y el expediente pasó con la jueza Cinthia Pineda, de Presidente Franco, quien también se excusó de seguir en el caso y derivó el juicio al juzgado de Hernandarias, a cargo de Juan Adalberto Roa. Éste tampoco dispone el cobro de sus haberes.
Díaz Gomez resolvió llamar la atención del foro, exhibiendo algunas pancartas en frente a la sede judicial, pero el jueves último dos funcionarios le echaron del patio, señalando que ya no podía estar allí por orden de la administración del complejo de edificios del Poder Judicial. Este viernes decidió encadenarse frente al mismo edificio.
PODER POLÍTICO
La firma Corporación Mercantil SA estuvo representado por el abogado Amílcar Ayala Bonzi, quien trabaja en el estudio jurídico del senador Fernando Silva Facetti. Ayala Bonzi es también político liberal de Ciudad del Este y fue fiscal.
Coincidentemente, Silva Facceti es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, cargo que estaría utilizando como garrote contra los jueces que no responden a las pretensiones de sus socios abogados, según el afectado.
PRESO
Díaz Gómez estuvo 29 días preso en la Dirección Policial del Alto Paraná, luego de que la magistrada Lourdes Morínigo revocara su libertad ambulatoria, porque supuestamente se negaba a someterse a la Justicia, durante el último juicio oral y público realizado con relación al caso de lesión de confianza.
Su defensa había planteado la extinción de la acción, porque ya había cumplido más de 5 años procesado, que es el tiempo máximo al que pudo haber sido condenado. Sin embargo, le sobreseyeron nuevamente.
“No conseguí trabajo porque me ensuciaron con todas las empresas del ramo. El temor de ellos ahora es que yo recurra a pedir la indemnización por daños ante la Justicia penal, por haberme denunciado falsamente, luego de salir sobreseido. Salí limpio, pero quien me devuelve el padecimiento que pasé durante todo ese tiempo. Mi hija tenía 10 años cuando comenzó todo. Pasamos muy mal con ella y ahora ya tiene 18 años”, remató.
