Una vez más se suspendió la audiencia para imposición de medidas para el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, porque hay dos acciones que no fueron resueltas por la Corte Suprema de Justicia. Las investigaciones contra el intendente municipal no dejan de ser similares a las de otros políticos con cargos públicos, que se dilatan y generalmente terminan sin condena, atendiendo a los datos.
Prieto compareció ayer ante el juez de Garantías Humberto Otazú por la segunda causa de lesión de confianza, relacionada con presuntos direccionamientos de adjudicaciones a personas cercanas a él, implicando un perjuicio patrimonial superior a los 305 millones de guaraníes en la comuna, conocida como el caso «Tajy».
El juez decidió suspender la diligencia hasta que se resuelvan los recursos pendientes en las respectivas salas judiciales.
Prieto, quien enfrenta dos procesos por lesión de confianza, expresó confianza en su gestión municipal y en un resultado favorable en los procesos judiciales: «Estamos seguros de nuestra inocencia. Compramos kits de alimentos y recibimos materia prima para la panadería, de la cual se nos acusa. La ciudadanía conoce nuestro trabajo y tenemos todos los documentos que respaldan nuestras acciones, por eso no temo al juicio oral.»
Además, anticipó que su defensa podría recusar al juez Otazú y solicitó que el juicio de la primera causa se realice en Ciudad del Este, argumentando que los hechos que se le imputan ocurrieron en su domicilio real y procesal en esa ciudad.
El Ministerio Público había imputado a Prieto y otras 12 personas, acusándolos de generar un perjuicio patrimonial de más de 306 millones de guaraníes mediante una licitación presuntamente manipulada.
Los cargos incluyen lesión de confianza y asociación criminal, alegando que Prieto lideró un esquema para desviar recursos municipales mediante licitaciones direccionadas a empresas vinculadas a él, buscando beneficios económicos indebidos.
Recordemos que hay 39 denuncias por varios hechos delictivos contra Prieto Vallejos y sus amigos de Yo Creo, algunos de ellos funcionarios y concejales municipales, además de los noveles empresarios involucrados en adjudicaciones de la comuna.
La dilación estaría beneficiando a las pretensiones de candidatarse a la Presidencia de la República de Prieto Vallejos, teniendo en cuenta que podría no terminar el proceso penal antes de las próximas elecciones.
Los antecedentes revelan que casi todos los procesos por presunta corrupción terminan en más de 4 años, con la absolución de la mayoría de los sindicados, aunque hayan sido imputados y acusados como el caso de la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra Mcleod de Zacarías y el actual senador Ernesto Javier Zacarías Irún y sus allegados.
