Imputados por vender vehículos alquilados

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El fiscal Sergio Irán Villalba imputó a tres hombres por los supuestos hechos punibles de Apropiación, Lesión de Confianza y Frustración de la Persecución y Ejecución Penal. Ellos son Alicio Rubén Ortiz Fernández (31), Cristian David Álvarez (23) y Alfredo Chamorro Areco, quienes quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

La investigación sobre el caso se inició el 29 de enero de 2020, tras la denuncia presentada por el ciudadano Feliciano González Amarilla, propietario de la empresa América Renta Car.

Refieren los datos, que Alicio Rubén y Cristian David habrían arrendado dos automóviles de la firma en cuestión. Los rodados son un automóvil Toyota, modelo IST, año 2004, de color plata, con matrícula CEL 363, propiedad de Aldo Javier Benítez Ávalos, y otro Toyota Allion 2002, de color perla, con chapa CGA 295, propiedad de Pedro Adrián Garcete Núñez. Los arrendatarios firmaron un contrato, sin embargo los mismos incumplieron el plazo de vencimiento y no devolvieron los rodados ajenos.

En prosecución de la pesquisa, la Fiscalía libró una orden de búsqueda y localización sobre los dos automotores, que posteriormente fueron localizados mediante dispositivo de GPS con que contaban los vehículos. El Toyota IST fue recuperado del poder de Lilian Beatriz Cristaldo, en la ciudad de Luque. La misma demostró que fue compradora de buena fe, al presentar documentaciones del rodado.

Mientras que el Toyota Allion fue localizado en el distrito de Mbocayaty, en un inmueble perteneciente a la ciudadana Victoriana Areco, quien manifestó que el rodo pertenece a su hijo Alfredo Chamorro Areco. Éste igualmente presentó copias autenticadas del contrato de compra-venta del vehículo, pero hasta el momento no devolvió el vehículo a su legítimo propietario.

A raíz de esta situación, el fiscal Sergio Villalba dispuso la imputación de los dos hombres que rentaron y vendieron los vehículos ajenos, y también del comprador de uno de los automotores. El representante del Ministerio Público consideró suficiente el plazo de 4 meses para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.

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