La fiscal Estela Mary Ramírez solicitó apertura de Juicio Oral y Público para dos funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a quienes acusó por los supuestos hechos punibles de Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión. Ellos son Hernán Darío Insfrán Mena (44) y Gabriel Silvino Antonio Sosa Rodríguez (27), quienes supuestamente pidieron una millonaria coima a los ocupantes de un asentamiento de Minga Guazú, a fin de expedir títulos de propiedad.
Según los antecedentes, el 2 de agosto de 2019, a las 11:30 aproximadamente, los sospechados realizaron el pedido de 55 mil dólares americanos al señor Miguel Patrocinio Merlo Otazú, presidente de la comisión vecinal del asentamiento San Miguel, del kilómetro 28 Monday, del distrito de Minga Guazú. Fue con el fin de otorgar títulos de propiedad para 106 familias que fueron adjudicadas para ocupar el inmueble, por resolución número 1753/18, de fecha 16 de julio del 2019.
Los funcionarios públicos advirtieron a Merlo Otazú que si no pagaban la suma exigida, no tendrían los títulos de propiedad. Las tratativas se realizaron a través de mensajes de texos. En uno de los escritos, le dijeron al presidente de la comisión vecinal: «mboriahu nda ititulo moai por no tener plata» (pobre no tendrá título por no tener plata). Luego, acordaron la entrega de la suma de 50 millones de guaraníes como pago inicial para la operación.
Sin embargo, los labriegos decidieron denunciar el hecho ante el Ministerio Público y a partir de allí las autoridades comenzaron a montar la entrega vigilada de dinero, que se llevó a cabo el 2 de agosto del 2019, en horas de la tarde. En la oportunidad, Insfrán Mena y Sosa Rodríguez fueron detenidos con los billetes previamente fotocopiados por orden judicial. La plata para el operativo había sido entregada por 5 familias de la comunidad, según el escrito fiscal.
Luego de reunir suficientes elementos de sospechas contra los dos hombres, la fiscal Estela Ramírez dispuso la imputación de los mismos y ahora al cumplirse el plazo establecido por ley, la representante del Ministerio Público formuló la acusación. De igual modo, solicitó la apertura del Juicio Oral y Público. El requerimiento se presentó ante el juez Carlos Vera, titular del Juzgado Penal número 3.