La agente fiscal Vanesa Candia (foto) pidió que se investigue a la funcionaria judicial Estela Valdez de Rolón, quien declaró en el juicio oral que se lleva adelante al excajero del Poder Judicial de Ciudad del Este, Roberto Carlos Santos Ávalos. La abogada habría faltado a la verdad con la aparente intención de favorecer al acusado, quien está siendo juzgado desde el 11 de marzo pasado por un supuesto desfalco de más de 1.200 millones de guaraníes.
La profesional fue una de las encargadas de realizar el trabajo de contraloría encomendado por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la gestión de Santos Ávalos. En su momento, la misma luego de meses de trabajo había informado que encontró irregularidades en el caso. Sin embargo, este miércoles 22 de abril brindó su testimonio -por medio telemático- y llamativamente dijo que no había encontrado anormalidades en aquel entonces. Además, evadió las preguntas realizadas por la representación pública.
A raíz de esta situación, la fiscal Vanesa Candia solicitó la remisión de los antecedentes al Ministerio Público para una investigación por testimonio falso, atendiendo que Estela Valdez prestó declaración bajo fe de juramento de Ley durante el debate público.
El Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por Vitalia Duarte y conformado por Serafín González y Fabio Aguilar Benítez, resolverá el pedido de la Fiscalía al final del juicio oral. La funcionaria judicial se expone a una pena privativa de libertad de hasta 10 años por testimonio falso, conforme a la legislación penal paraguaya.
ANTECEDENTES DEL CASO
Roberto Carlos Santos Ávalos está acusado por hechos punibles contra la propiedad, el patrimonio, la prueba documental y contra el ejercicio de las funciones públicas. El mismo, entre los años 2008 y 2011, se desempeñaba como cajero de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y habría manipulado 2.086 legajos de liquidaciones para supuestamente desviar más de 1.200 millones de guaraníes.
El Poder Judicial y varios escribanos resultaron afectados por la millonaria defraudación, según la denuncia radicada el 17 de marzo de 2011 por el abogado Raúl Enrique Saguier, responsable de la Dirección del Registro del Automotor, Regional Alto Paraná.
