La fiscal Susan Vega, de la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar de Ciudad del Este, quien liberó rápidamente a un hombre que golpeó con brutalidad a la madre de sus tres hijos menores, en realidad no solamente lo dejó libre por considerarlo un “buen tipo”, sino que detrás habría presión política de un influyente diputado del departamento Central.
El sujeto que no duró 24 horas en el calabozo es Cristhian David Viveros Torales, de 33 años. Su hermana está casada con Dani Galeano, hermano del diputado colorado Erico Galeano (cartista).
Viveros Torales fue aprehendido el sábado pasado, en horas de la noche, por agentes de la comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas, luego de que fuera denunciado por violencia familiar por su concubina y madre de sus tres hijos menores, Fabiana Belén González, de 28 años.
Ese día el hombre había salido de su casa a las 15:00 horas para ir a cobrar a una persona que le debe plata y luego debía comprar medicamentos para uno de sus hijos, que estaba enfermo.
Regresó a la casa a las 20:00 horas aproximadamente, estando borracho.
Su pareja le reclamó porque llegó recién y en ese estado. Como respuesta recibió una tremenda golpiza, según la denuncia de la mujer que presenta hematomas en la boca y en diferentes partes del cuerpo.
La víctima radicó la denuncia y rápidamente intervinieron agentes de la comisaría 4ª que tuvieron que utilizar la fuerza para esposar a Viveros Torales, quien estaba descontrolado y muy violento.
FISCAL DIJO QUE LO LIBERÓ
POR SER UN “BUEN TIPO”
Al día siguiente, Viveros Torales tras comparecer ante la fiscal Vega, quedó en libertad. La fiscal dijo que lo liberó porque es un “buen tipo”.
La representante del Ministerio Público dejó a la víctima en manos de su verdugo. Esto a pesar de que el hecho de violencia familiar es considerado crimen, según nuestro ordenamiento jurídico.
Al respecto el artículo 229 del Código Penal-Violencia Familiar- castiga el hecho con uno a seis años de pena privativa de libertad.
Normalmente, la fiscal Vega enviaba directo a la cárcel a personas denunciadas por ese hecho, si no tuviera influencia política y económica. Con la determinación, una vez más se demuestra que la justicia es selectiva en el Paraguay.
