Varias empresas con nefastos antecedentes se codean por la distribución del almuerzo escolar de la Gobernación de Alto Paraná. Ocho de ellas son conocidas, incluso, por presuntos negociados en licitaciones realizadas en gobiernos anteriores. Son más de 24.000 millones los que el gobernador César «Landy» Torres (ANR-cartista) presupuestó para dicho rubro. La fuente de financiación es el Fondo Nacional de Inversión Pública y de Desarrollo (FONACIDE).
La seccionalera María de Fátima Sartorio Vanni encabeza la lista de los oferentes. La misma es propietaria de la firma FASV Impor-Export, vinculada a varios hechos de supuesta corrupción con el almuerzo escolar.
Otro de los proponentes es Consorcio Tembi’u Porã, integrado por Eventos y Servicios SA (ESSA) y La Parrilla de Charlot, vinculado al exsenador Rodolfo Friedmann. ESSA está representada por Lourdes González, mientras que La Parrilla por Néstor Francisco López Paniagua, implicados en terribles negociados en plena pandemia, en procesos licitatorios de la Gobernación de Guairá.
Según los antecedentes, el consorcio fue creado exclusivamente para direccionar los multimillonarios contratos en alimentación escolar.
La lista sigue con Copacabana, de Teófilo Salinas Amarilla, con denuncias por el mal servicio y los productos en mala calidad que entrega a las instituciones educativas.
También, Ingenio de Alimentos Campo Verde, con sede en el distrito de Coronel Oviedo, de Rodolfo Méndez González, salpicado con supuestas licitaciones amañadas en la Gobernación de Caaguazú.
Igualmente, Fitra S.R.L., de Gustavo Trabucco, usada durante la gestión del exjefe departamental, Roberto González Vaesken, investigado por la Contraloría General de la República que detectó cualquier cantidad de irregularidades. González Vaesken dejó una deuda de 5.000 millones en merienda y almuerzo escolares.
Concursan también Panadería Maná, Dijkstra Servicios S.A., o Gour Et & Fit y Distribuidora Dianita, también señalados por haber incurridos en amaños licitatorios con el FONACIDE.
La firma El Buen Gusto también remitió presupuesto para proveer la alimentación a escuelas y hasta el momento, es la única que mantiene intacta su legajo.
CONTRATO DE 120 MILLONES
En el 2023, el gobernador César “Landy” Torres ya había adjudicado poco más de 120 millones de guaraníes a la Distribuidora Dianita para la compra de alimentos, aparentemente, entregados a los afectados por inundaciones. El propietario Manuel Antonio Méndez, sancionado por Contrataciones Pública por falsificación, también soporta una denuncia por soborno en la provisión de almuerzo escolar en la comuna de Arroyos y Esteros.
