El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, inició el año utilizando tácticas coercitivas para obligar a la ciudadanía a pagar diversos impuestos, incluyendo patentes municipales e inmobiliarias. Este mecanismo, aparentemente, responde a la falta de recursos para pagar salarios a sus operadores políticos que ocupan cargos en la Municipalidad, según denunciaron vecinos del barrio Santa Ana.
Los moradores de ese sector, denunciaron que fueron visitados por parte de inspectores municipales, quienes, mediante supuesta coacción, exigen el pago de patentes y otros impuestos. La amenaza de multas y hasta el cierre de locales se cierne sobre aquellos que no cumplan con estas imposiciones. Esto, a pesar de que aún no concluyó el primer mes del año y existen periodos de tolerancia establecidos por ordenanzas municipales para realizar dichos pagos.
Lo más preocupante del caso es que Prieto solamente se acuerda del barrio Santa Ana cuando busca cobrar impuestos a los comerciantes de la zona, olvidando invertir los fondos recaudados en beneficio de esta comunidad.
Una de las calles visitadas por los inspectores se ubica al costado de la estación de servicio Grand Prix, cerca de la supercarretera. Esta vía se encuentra en total estado de abandono. Sin embargo, el jefe comunal coaccionó a los comerciantes al pago de impuestos, sin cumplir con su deber de reparar las calles.
La situación deja a los dueños de los negocios en la imposibilidad de vender sus productos y con la negligencia del jefe municipal, ni siquiera pueden llevar el pan de cada día a sus hogares, denunciaron.
Además, coincidieron en manifestar que el malestar no termina en la desidia del estado de las calles, puesto que la coacción para el pago de patentes es selectiva, afectando solo a algunos comercios. Al parecer, ciertos establecimientos no son visitados ni molestados, posiblemente debido a sobornos a los intervinientes o por ser aliados políticos del intendente Miguel Prieto, mencionaron.
APRIETE A INQUILINOS
A PAGAR IMPUESTOS
En un flagrante abuso de autoridad, la Comuna esteña pretende obligar a los inquilinos a realizar el pago de impuestos inmobiliarios de los locales que ocupan. Además, se exige el pago por el año completo, a pesar de que las patentes municipales tienen un esquema de pagos semestral.
La negativa a cumplir con estas imposiciones lleva a la amenaza de cierre de locales, evidenciando un claro caso de abuso de autoridad por parte de las autoridades municipales.
