Los miembros de la Junta Municipal de Hernandarias que firmaron bajo la mesa la autorización para fraccionar la Franja de Protección del Lago Acaray no fueron investigados por la fiscal Zunilda Ocampos, en la denuncia por delito ambiental y producción de documentos de contenido no auténticos. En el caso pidió la extinción de la acción, luego de darle Criterio de Oportunidad a la propietaria de la firma Megal SA, Juana González de López, que mandó lotear el borde del espejo de agua.
La fiscal señala en su escrito presentado a favor de la denunciada que los miembros de la Junta Municipal no registraron en el acta el tratamiento para resolver el loteamiento de la franja de protección del lago Acaray, supuestamente realizado el 15 de noviembre del año 2022.
Luego agrega que fue subsanado la omisión el 12 de diciembre del año 2023, en el día en que los vecinos fueron a denunciar ante la Junta Municipal el presunto delito ambiental y la venta de la franja de protección, que ellos creyeron que se estaba haciendo en forma ilegal, ya que cuando adquirieron sus lotes, les vendieron con el compromiso de que se respetaría la franja y el bosque cercano al río, que sería una especie de parque natural.
De esa manera, concluyó con la versión dada por la defensa de Galeano de López de que supuestamente se había un lote para el acceso de los demás vecinos al lago Acaray, además de suspender y dejar sin efecto las obras en la franja de protección, quedando en su estado natural.
Sin embargo, unos días después, los vecinos filmaron un camión de gran porte retirando madera del sector, además de una maquinaria agrícola que se habría utilizado para alzar la madera al camión. Con esta acción se habría echado al suelo la supuesta voluntad de reparar el daño que pudieron haber ocasionado, citado por la representante del Ministerio Público como argumento para blanquear a la propietaria del inmueble.
