Las comisiones asesoras que “estudiaron” el veto del intendente de Hernandarias, Nelson Cano (ANR-cartista), recomendaron aceptar la solicitud, considerando que ya existe una fiscalización paralela, de acuerdo justificaron.
La semana pasada, ingresó el mensaje del Ejecutivo municipal y el legislador Alberto Báez (PLRA) propuso en plenaria que sea rechazado inmediatamente. Alegó que el jefe comunal no tiene la atribución de objetar un pedido de auditoría aprobada en la Junta.
No obstante, los oficialistas avasallaron la normativa y resolvieron que sea derivado a comisiones asesoras que dio la respuesta ya esperada.
Los demás ediles aclararon que aceptaban el veto, teniendo en cuenta que existía ya una investigación anterior.
Aplaudieron los trabajos de campo iniciado por un equipo de la Contraloría General de la República, destacando que es la única forma de transparentar la gestión municipal ante la ciudadanía.
Señalaron que aguardarán expectantes la resolución del órgano contralor, que una vez reunidos los elementos necesarios, debe dictaminar.
El pedido de auditoría había sido aprobado tras el rechazo de la rendición de cuentas presentada por Cano, por falta de documentos respaldatorios y supuesto hallazgo de irregularidades en la ejecución presupuestaria.
En ese contexto, el administrador de turno no justificó documentalmente los gastos en varios rubros, así también la falta de cumplimiento de la transferencia del 5% del presupuesto municipal para el financiamiento del servicio de salud y a los bomberos.
También cuestionaron la deuda de la Municipalidad, que en los últimos tres años se triplicó hasta alcanzar G. 15.751 millones al cierre de 2023.
