- GOBIERNO RECONOCE QUE MÉTODO NO CONDICE CON SITUACIÓN REAL DE LOS QUE GANAN MENOS DEL MÍNIMO
El Poder Ejecutivo analiza un posible cambio en el mecanismo utilizado para el ajuste del salario mínimo legal, a fin de adecuarlo a la realidad de los trabajadores que perciben ingresos más bajos. El tema fue expuesto durante la última reunión del Equipo Económico Nacional por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, según confirmó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
Actualmente, el reajuste del salario mínimo se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Sin embargo, Fernández Valdovinos manifestó su preocupación por el creciente desfasaje entre la canasta total de consumo del BCP y la canasta de alimentos, más representativa para quienes ganan el salario mínimo. La diferencia entre ambas alcanzó el 15% en marzo, lo que implica una significativa pérdida del poder adquisitivo de este sector.
“El Banco Central mide bien la inflación, pero lo hace con una canasta útil para la política monetaria, no para definir el salario mínimo”, sostuvo el ministro en una entrevista radial.
Por su parte, Recalde admitió que será difícil modificar la fórmula de ajuste para este junio, pero aseguró que se trabajará durante el año en el diseño de una nueva canasta específica. Esta incluiría bienes y servicios que reflejen mejor el patrón de consumo de los asalariados con ingresos mínimos, que destinan entre el 60% y 80% de su gasto a alimentos.
Durante la reunión del martes también se discutieron otras medidas para mitigar el impacto del costo de vida sobre la clase media, como una eventual reducción del precio del combustible y la implementación de una tarifa diferenciada para el consumo eléctrico. “El presidente Santiago Peña dio instrucciones claras para avanzar en políticas que alivien el gasto de bolsillo de los sectores más afectados”, afirmó la ministra de Trabajo.
Entretanto, las centrales obreras reiteraron que el IPC utilizado por el BCP no refleja el verdadero costo de vida. Alegan que el poder adquisitivo de los trabajadores cayó entre 35% y 40% desde 2021 y consideran “absolutamente insuficiente” el ajuste actual. En respuesta, exigen un incremento del salario mínimo del 20% como mínimo, así como la indexación del mismo a la inflación real, tal como ocurre con otros conceptos como multas y tarifas.
