La Cámara de Diputados aprobó la extensión de la declaración de emergencia en todos los establecimientos penitenciarios, que garantiza recursos al Ministerio de Justicia y el uso de las fuerzas públicas para el plan de seguridad.
El proyecto aprobado extiende la declaración por el plazo de un año. Entre sus puntos principales, el Ministerio de Justicia contará con recursos para contratar a guardiacárceles y equipar a los nuevos centros penitenciarios, que serán habilitados próximamente.
Otro punto central de la declaración de emergencia es que autoriza el uso de las fuerzas públicas (policías y militares) para un plan de seguridad en los establecimientos penitenciarios.
El ministro Ángel Barchini solicitó la aprobación de la ley señalando la necesidad de mantener el control de la penitenciaría de Tacumbú, tras el operativo del lunes 18, y «dejar un legado con nuevos funcionarios penitenciarios».
El lunes 18 ocurrió un operativo que movilizó a 2.500 efectivos policiales y militares para ingresar hasta lugares previamente inaccesibles del penal y trasladar a criminales de alta peligrosidad. Fueron trasladados 708 reclusos, incluido Armando Rotela, acusado de liderar un grupo criminal que controla el microtráfico en Asunción y Central.
